La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba confirmó el juicio oral y público a los productores sojeros Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra junto a Edgardo José Pancello, piloto de avión fumigador. Están acusados por el fiscal Carlos Matheu de violar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que establece penas de 10 a 25 años para quien “envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias”. En conjunto, Gabrielli y Parra acumulan más de 400 hectáreas de soja a una distancia menor a 500 metros de Barrio Ituzaingó, un poblado de 5 mil personas en la periferia de Córdoba capital. De esta forma, y por primera vez, el agrotóxico pilar de la industria sojera se sentará en el banquillo.Según la querella, Gabrielli y Parra aplicaron durante varios años diez litros de glifosato por hectárea en cada campaña. No es el único químico involucrado: el insecticida Endosulfán también fue detectado. Y para los vecinos de Ituzaingó, este juicio puede ser el comienzo del fin de un calvario.
Medardo Avila Vázquez, neonatólogo y ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, es querellante particular en la causa. “En 2007 hicimos la denuncia penal sobre la situación en Barrio Ituzaingó al constatar lo que pasaba en el lugar y ahí nos constituimos como querellantes”, revela Avila. Diversos estudios en su gestión constataron lo que habitantes del lugar habían denunciado al menos desde 2001. Y el resultado final es escalofriante: 220 casos de cáncer a lo largo de la última década. Avila explica: “La tasa de mortalidad por la enfermedad es del 33 por ciento, casi el doble que en el resto del país. No solo pasa aquí, también hay estadísticas similares en pueblos como Brinkmann, también en Córdoba y Murphy en Santa Fe, altamente expuestos al glifosato”.
La muerte por cáncer no es el único problema: también se detectaron altos niveles de toxicidad en suelo y napas, malformaciones congénitas, leucemia, fallas renales e hipotiroidismo, entre otros. Avila también es parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ofrece simposios y charlas en centros de producción sojera: “Nosotros creíamos en lo que decían la industria y el Gobierno hasta que la evidencia científica demostró lo contrario. El glifosato y los agrotóxicos provocan estas cosas. Por esto vi morir hasta a hijos de productores”.
Sofía Gatica, vecina de Barrio Ituzaingó, perdió en 1999 un bebé de pocos días: “Tenía una malformación renal. No aguantó. Si mi nene murió por el glifosato, no lo puedo decir. No le hicieron un estudio a su cuerpito. Pero no fue el único caso en el lugar. Varios nenes nacieron con lo mismo. Adultos también, chicos jóvenes que murieron de leucemia, en cada cuadra hay personas con pañuelos en la cabeza y barbijo por la quimioterapia”. Su hija adolescente hoy convive con dos plaguicidas en la sangre y enfrentó tratamientos de desintoxicación, consignó Perfil.
Junto a otras 15 mujeres de la zona formó la organización Madres de Barrio Ituzaingó para llevar a denuncia adelante y detener a los fumigadores. “A Gabrielli y Parra nunca los vi de frente. Cuando íbamos a parar a las cuadrillas de fumigación estaban los obreros de ellos agitando machetes en la mano. Como muchos cobran planes en Ituzaingó, nos decían: 'Ustedes comen de las retenciones de la soja, viejas hijas de puta, comen de nosotros'”. La lucha rindió frutos. Hoy nadie fumiga en Ituzaingó. A mediados de este mes, Gatica viajó a San Francisco para ser reconocida con el Goldman Environmental Prize, más conocido como el “Nobel verde”. Una semana antes de abordar el avión, su sobrina había fallecido a causa del sarcoma de Ewing, una patología tumoral en los huesos. Vivía junto a las plantaciones.
En la actualidad, a pesar de estudios y testimonios de expertos alrededor del mundo, el Gobierno argentino avala el uso de glifosato. Pero para Miguel Martínez, abogado y apoderado de la querella, “es un tema cerrado penal y jurídicamente, entra en la figura legal delito de peligro. Y si se llega a una condena, sentamos un precedente no solo en Argentina sino en el mundo. Nunca fue punido el uso de agrotóxicos. Esto es un delito de lesa humanidad”.
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