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La historia de un peón intoxicado abre la discusión sobre el modelo agrícola
El fallecimiento de un obrero envenenado con herbicidas en la estancia de una multinacional europea en Colón desnudó el cinismo con que tratan a los empleados los poderosos, amparados en la permeabilidad de las normas de agrotóxicos. Los protagonistas denunciaron a ANÁLISIS detalles inquietantes de su lucha desigual, repudiaron los padecimientos que debió sufrir el obrero y explicaron el abismo que existe entre empresarios que multiplican sus ganancias multimillonarias y sus trabajadores sometidos a servidumbre. Mientras el oficialismo y las oposiciones en la Legislatura entretienen a expertos que denuncian el crecimiento de un listado malformaciones, los resultados de una investigación sobre la contaminación en peces del río Uruguay avivó la polémica sobre el uso de sustancias cancerígenas a dos bandas.
Daniel Tirso Fiorotto(Especial para ANÁLISIS)
Con la piel quemada, pelada, destruida murió Daniel Ortiz tras una larga postración. Durante su agonía, las cámaras legislativas aceptaron debates sobre la aplicación de agrotóxicos a los que asistieron menos del 10 por ciento de los legisladores, y aún los que se hicieron presentes sostienen en sus partidos el modelo agrícola de escala, para pocos.
Para saber lo que padece un criollo argentino en la estancia de una multinacional, por la manipulación de productos químicos, y calibrar cómo el Estado protege a los grupos poderosos y abandona a los proletarios, hay que conocer la vida y la muerte de Daniel Ortiz.
Ortiz llegó de la provincia de Misiones por una oferta de empleo, y le asignaron una tarea de alto riesgo en la estancia La Pellegrini de la poderosa española Iberpapel. Se trata de empresarios que mostraron también su modus operandi en la construcción de un terraplén de 8 kilómetros sin autorización, en la zona de Liebig, con la conocida estrategia del hecho consumado, pero no les salió bien por la lucha de los ambientalistas y deberán destruirlo.
En febrero pasado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió informes a España sobre Iberpapel, porque hubo denuncias por personal precarizado trabajando en tareas de desmonte en Entre Ríos.
Iberpapel aclaró entonces que sus tierras fueron arrendadas a Celulosa Argentina, y que esta empresa contrató a Movifor SRL, de modo que entre propietarios, arrendatarios y contratistas, todos de afuera de la provincia, nadie se hizo cargo del estado de los trabajadores.
Celulosa Argentina es del grupo Tapebicuá, de inversores extranjeros encabezados por Douglas Albrecht (presidente de Tapebicuá y de Celulosa Argentina, y director en Patagonia Bioenergía, que compite entre los principales productores de biodiesel del país).
Cazenave y asociados, Patagonia Bioenergía, Energía y Soluciones SA, se vinculan en materia de producción y combustibles, y están conectados con las principales firmas multinacionales de los agronegocios y los principales organismos financieros del mundo como el HSBC del Reino Unido.
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