Reproducimos un fragmento del excelente comentario de Luis María Serroels del 14 de febrero
La lupa política semanal
Por Luis María Serroels*
Los locos ecologistas
Cuando los intereses supranacionales en alianza con el menemismo proyectaron construir la represa del Paraná Medio, su intento se malogró gracias a la acción enérgica de diferentes sectores que advertían sobre los graves perjuicios que esta mega obra le provocaría al equilibrio ambiental y a la biodiversidad. La sociedad comenzó a conocer un vocabulario novedoso y poco a poco se fue sumando a la cruzada, que además de hallar un fallo favorable en los tribunales federales, se tradujo finalmente en una ley provincial anti-represas, impulsada por el entonces gobernador Jorge Busti.Por ese entonces los grupos aliados en esta lucha por la vida, eran calificados como “los loquitos ecologistas” y hasta se los acusó de fundamentalistas por parte de quienes veían esfumarse sus intereses económicos y financieros, ajenos a la protección de los bienes naturales que por ser de la tierra son de todos los que la habitan.Pero además se amplió esa lucha hacia otros frentes donde el daño ambiental es cosa de todos los días. El peligro de perder los humedales, el desmonte rabioso e irracional, las fumigaciones salvajes con agroquímicos nocivos para la salud humana y en general todas las contaminaciones que desaprensivamente promueven industrias sucias y que inundan el aire y los cursos de agua, conforman un conjunto de objetivos en la agenda de los supuestos locos de ayer y que hoy pueden exhibir cuánto de razón tenían a la luz de los desastres que se están registrando en nuestro planeta, es decir, el gran hogar común.Los dolorosos hechos acaecidos en la salteña Tartagal, desnudan hasta qué punto eran válidas las advertencias, cuando algunas organizaciones procuraban impedir que topadoras y motosierras arrasen con los montes para darle espacio a esa vedette de los cultivos llamada soja. Los vaticinios se cumplieron y ahora están las consecuencias.Y en esto se está imputando al gobierno nacional y el provincial como responsables por omisión y desidia, no sólo al no concretar obras imprescindibles para resguardar bienes y vidas, sino también por la mora en reglamentar la ley de bosques, una norma que costó mucho plasmar y que regula y protege jurídicamente los aspectos vinculados con tan valioso patrimonio, expuesto a la carga de esta especie de moderna caballería ligera. Señalamos a la señora Cristina Fernández por esta dilación, pero también por haber vetado la ley de protección a los glaciares, colocando en grave peligro nuestras reservas de agua dulce. Todo tiene que ver con todo.Contemporáneamente con lo ocurrido en Salta y frente a las costas de Gualeguaychú, se supo que había ingresado a un juzgado de la Capital federal una denuncia interpuesta por miembros del Grupo de Reflexión Rural, solicitando sea investigado el empleo de agroquímicos y se prohíba en todo el país la fumigación con el temible glifosato que se utiliza en las plantaciones de soja. Todas las advertencias que se han venido efectuando cayeron hasta ahora en saco roto. Y debemos resaltar, porque es un acto de estricta justicia, la prédica encomiable del doctor Darío Gianfelici, un profesional de la salud residente en Cerrito, quien hace mucho viene denunciando públicamente –hemos sido trasmisores periodísticos de sus críticas– la incidencia directa de ciertos productos en la generación de malformaciones en recién nacidos, partos espontáneos y otros efectos vinculados con patologías oncológicas.Dos casos paradigmáticos cita el escrito llevado ante el juez Jorge Urso. Se alude a una familia entera afectada, donde algunos integrantes hallaron la muerte, en tanto el jefe del hogar sobrevive en condiciones traumáticas y angustiantes, postrado y con la consiguiente pérdida de calidad de vida y capacidad laboral. El otro caso se refiere a un empleado de una empresa de fumigación aérea que hizo el manipuleo de agroquímicos e incluso una hija suya también debe padecer los perjuicios en su organismo. Lo más grave es que ningún aviso pone en alerta sobre la necesidad de establecer cuidados especiales a la hora de utilizar estos tóxicos.La nueva Constitución entrerriana incluye en un artículo (22) el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Cuanto antes sea reglamentado, más pronto podrá ser protegida integralmente la naturaleza y la sustentabilidad de sus recursos.Cuando salimos a predicar contra estos abusos (este columnista siempre formó parte de esta lucha), donde generalmente intervienen las multinacionales insaciables, todos los militantes en favor de la protección ambiental y del cuidado de la biodiversidad fuimos tildados de locos que nos oponemos al desarrollo y al progreso. Peregrina forma de progresar y desarrollarnos, la de dañar el aire, el agua y la tierra irreversiblemente. ¡Qué locos que hemos estado! Obsérvese lo vaticinado por las ONG y lo ocurrido y podrá descubrirse dónde ha estado realmente la demencia y la irracionalidad. Ya hemos dicho que aunque los 6.800 millones de habitantes del mundo decidan en una asamblea y por unanimidad destruir el planeta, tal resolución estaría viciada de nulidad. Porque no tendría el quórum que deben dar quienes aún no han nacido y no pueden opinar. Son los que merecen que les dejemos un mundo mejor. Y de eso se trata. Hasta la semana que viene.
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