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Documento colectivo:
NO NOS PATENTEN LA VIDA
Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina
Una nueva
amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad:
la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de
un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses
concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del
Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso
Nacional para su tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo
-que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos
(transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el
aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños
agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí
denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este
conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han
sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales
iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y
corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias
al accionar de las resistencias sociales.
A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero
-paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país.
La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a
principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a
obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la
superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la
historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del
agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio;
hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional,
la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los
ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y
ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento
económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la
“expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio
de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la
naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años
la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas
de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con
gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y
malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el
agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como
consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico
(glifosato). Todo ello conduce al
desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la
ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías
regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida
comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en
busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los
cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la
evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al
afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de
la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de
Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de
160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis
(6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría
de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias
de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las
actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que
se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno
nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la
aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de
la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió
autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y
algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto,
Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y
Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos,
23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento
de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante
simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin
tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las
evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se
siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.
En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas
transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional
estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las
corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la
producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.
El anteproyecto para reformar la ley de semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan
armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de
regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas
de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y
Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros
internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales
(semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.
En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1)
la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho
del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta
última excluye expresamente el patentamiento de plantas.
Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican
para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una
invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad
puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda
su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha
para una nueva siembra.
Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de
patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para
modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y
además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección,
reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes
de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos,
criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas
de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas
sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un
sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a las exigencias
establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía
para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc.
Además, se anularía la posibilidad de que otros
obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las
prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que
varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años,
iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de
esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas
agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar
patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía,
un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y
Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se
encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del
despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico,
declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento
está previsto para el año 2015, será un negocio de
propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente,
desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores
agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a
experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las
diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso
mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su
existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de
reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada
patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los
proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La
investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras
instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por
finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de
semillas desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para
instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período
en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los
agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u
obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación
tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los
productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en
los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los
transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas
semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla
con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la
propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura
territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros
pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo
antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista
social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el
texto de la pretendida reforma.
El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la
llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno
nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del
modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en
el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal
expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con
los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas
referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el
trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de
concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia
contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos
Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta
recordar los asesinatos
perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de
arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar
una "Mesa de Diálogo" convocada por el Estado (a través de la cartera
de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con
algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el
Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este
encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a
través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder
político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de
ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando
lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas
rentas.
Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los
agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se
expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina
y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho
menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura
Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la
agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado.
Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación
suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las
necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital
concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante
entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos
de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un
organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la
ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los
agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos
roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades
Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas
en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que
marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta
iniciativa de privatización de la vida en muchos países.
En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato
territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y
latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales
como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades
extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino
con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de
especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las
papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno
nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una
matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio
climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética,
la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares.
Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no
convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación
estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año
pasado.
Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del
continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la
dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la
depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las
asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas
contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios
contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la
Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron
la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de
Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de
nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco
para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la
juventud que lucha por volver a la tierra para
construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la
libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar
resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva
sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de
los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para
reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la
“coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de
agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear,
represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y
papeleras.
- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la
modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio
actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la
producción de alimentos sanos para los pueblos.
- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los
pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones
venideras.
Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas,
organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y
políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y
todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo
capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización
autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar
aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.
Las adhesiones son recibidas en
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